La única fórmula, que desde mi punto de vista, daría solución a un cambio de mentalidad a la hora de tomar decisiones para que estas siempre tuvieran como prioridad la sostenibilidad, sería que las empresas tuvieran como obligación intrínseca la de exigir al gobierno, al que contribuyen con sus impuestos, a que este los empleara para crear y mantener un marco en el que la forma de gestionar las empresas tuviera como prioridad la sostenibilidad, es decir que puedan gestionar con responsabilidad social sin entrar en colisión con el propio estado. Cualquier ley que colisione en alguna medida con la sostenibilidad del desarrollo humano ahora o en el futuro, las empresas no sólo podrían sino que deberían negarse a ponerla en práctica. Porque cuando se habla de sostenibilidad no se está hablando de sostenibilidad económica por encima de todo lo demás.
Lo que trato de decir es que actualmente se está demandando a las empresas que asuman responsabilidades sociales que al mismo tiempo el estado se encarga de dificultar. Por ejemplo : Si queremos que una empresa aplique criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como horarios de conciliación entre la vida profesional y personal, la empresa tiene muchas dificultades para poder hacerlo si a su vez el estado retira ayudas públicas para las guarderías a la vez que manda mensajes de contención de salarios y estimula los contratos a tiempo parcial en lugar de favorecer las reducciones de jornada voluntarias para trabajadores/as con hijos en edad escolar.
No se puede pedir , por parte del estado, a las empresas una determinada forma de actuar con la intención de corregir las cuentas de la macro-economía cuando al mismo tiempo se está actuando en contra de la sostenibilidad de esas mismas empresas que contribuyen a esas cuentas.
Las empresas deben levantar de una vez por todas la voz en contra de políticas que quieran utilizarlas como instrumentos de gestión del estado. El estado debe saber conseguir ingresos suficientes que sean utilizados en favorecer políticas que contribuyan a resolver las cuestiones de los ciudadanos que les votan y colaborar en crear marcos donde esos ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades, responsabilidades y deseos, a través de su profesión en las empresas, sus relaciones familiares y cualquier otra inquietud u ocio en su tiempo libre, con las máximas garantías de cobertura y calidad en justicia, seguridad, salud, educación y ayuda a la dependencia. Sólo entonces se les podrá exigir a las empresas esa gestión que todos los ciudadanos deseamos de gestión con responsabilidad social para hacer que el mundo y su desarrollo sea sostenible y por tanto con expectativas de futuro para las siguientes generaciones.
El Estado debe propiciar el marco para que las empresas, que por otra parte son un equipo de profesionales (ciudadanos) trabajando juntos, compitan lealmente entre sí, (la competencia desleal además de ir en contra de la sostenibilidad de las propias empresas va en contra de su esencia como herramienta de desarrollo humano, perjudica la mejora de rendimiento económico y soslaya el comportamiento de los trabajadores por la injusticia de poder verse en la tesitura de tener que aceptar a veces una actitud poco ética y/o trasparente que pudiera colisionar con su voluntad y formación) sin favoritismos ni contrapartidas opacas. Se trata de exigirse unos a otros, estado- empresas-estado (en definitiva ciudadanos) que cada uno cumpla su papel y que la ética y los derechos humanos sean la prioridad para garantizar la gestión de ambos para la sostenibilidad. Fomentar el conocimiento y ejercerlo con ética y trasparencia es un compromiso que las dos partes se deben exigir mutuamente en sus formas de actuar y los ciudadanos como integrantes de ambas partes deben comprometerse a vigilar para que sean cumplidos por ellos mismos con honestidad.